El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, denunció que el Congreso habría excedido sus atribuciones al asegurar en un comunicado que la abogada Andrea Vidal fue una víctima colateral en un ataque de sicarios ocurrido en La Victoria. Burgos calificó el documento como “anómalo” y señaló que este juicio corresponde exclusivamente al Ministerio Público.
Burgos anunció que Alejandra Aramayo, jefa de la Oficina de Comunicaciones del Congreso, fue invitada a declarar para explicar por qué se emitió el comunicado que, según el legislador, tendría una intención "encubridora". Además, advirtió que el Congreso no debe obstruir investigaciones en curso ni intentar mejorar su imagen con información cuestionable.
La polémica ha desatado críticas sobre la transparencia y las funciones del Legislativo, sumando un nuevo capítulo de cuestionamientos en torno al manejo institucional del Congreso.
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