La Comisión de Pueblos Andinos solicitará al pleno del Congreso un nuevo plazo de 30 días calendario, para concluir y presentar el informe final que determine la acción de los funcionarios públicos y privados en el derrame de petróleo que ocasionó la empresa multinacional Repsol en el distrito de Ventanilla.
El pedido, planteado por la titular del grupo de trabajo, María Taipe Coronado (Perú Libre), fue aprobado por unanimidad.
Taipe sostuvo que esta petición radica, principalmente, en el interés de entregar un informe final que recoja todas las expectativas válidas de la población afectada, "así como sustentar de forma precisa y clara cada una de las conclusiones y recomendaciones", a las que arribe el informe final.
Asimismo, informó que ante las nuevas evidencias, se ha considerado tres nuevos objetivos: evaluación del estado situacional de la ecología a la fecha de presentación del informe, evaluación del impacto socio económico y el nivel de atención, respecto de la población del territorio damnificado.
Además de identificar y evaluar el cumplimiento de actuaciones de las instituciones públicas, respecto a sus funciones de fiscalización, monitoreo, rectoría investigación, penalización, etc., en torno al derrame.
Sobre estas consideraciones, continuó, se encuentra el objetivo principal, que, "es garantizar acciones orientadas a corregir normas políticas y sancionar las conductas de quienes resulten responsables".
Describió inmediatamente las acciones realizadas por la comisión para la actualización del informe; el acervo documentario recibido de parte de los actores intervinientes en el desastre; los avances a la fecha; y una serie de actos pendientes.
El informe final elaborado por la gestión del periodo 2021-2022, fue presentado en la sesión del Pleno del Congreso de la República del 15 de setiembre del presente año, y retornó a la Comisión de Pueblos Andinos en función de una cuestión previa planteada por el congresista Arturo Alegría García (Fuerza Popular).
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